El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que en 2023 se solicitaron traspasos desde Corfo por US$3.500 millones para financiar diversos gastos del Estado. Esto, sumado a errores en las proyecciones fiscales, ha generado fuertes críticas desde la oposición, quienes preparan comisiones investigadoras y fiscalizaciones.
¿Qué ocurrió con los fondos de Corfo?
Según informó el Gobierno, los traspasos realizados desde Corfo fueron «regulares y transparentes», y correspondieron a excedentes provenientes del alto precio del litio. Estos recursos fueron integrados al Presupuesto General del Fisco y distribuidos en diversas áreas, tales como:
- Compra de vehículos para Carabineros.
- Programas de vivienda.
- Financiamiento de listas de espera en salud.
- Copago Cero en Fonasa.
A partir de 2024, el Gobierno estableció una nueva regla para que parte de los excedentes del litio se ahorren y no se destinen completamente al gasto fiscal.
Sin embargo, un reporte de The Clinic reveló que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar un último traspaso de US$1.500 millones en noviembre de 2023, argumentando la necesidad de «resguardar el patrimonio» de la entidad. Esto ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de Corfo, que incluso debió vender activos financieros.
Críticas desde la oposición
Desde la oposición, los presidenciables Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han criticado la gestión de Marcel y la Dirección de Presupuestos (Dipres), a cargo de Javiera Martínez.
- Evelyn Matthei (Chile Vamos):
- Acusó que el Gobierno ha aumentado la deuda y liquidado patrimonio de Corfo.
- Propuso que, si llega a la presidencia, recortará US$6.000 millones en gastos superfluos.
- José Antonio Kast (Partido Republicano):
- Aseguró que Marcel y Martínez son un peligro para las finanzas públicas.
- Llamó a investigar y exigir responsabilidades.
- Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario):
- Prometió que, si llega al Gobierno, hará una auditoría externa al Estado para evaluar la administración de los recursos públicos.
Comisiones investigadoras en el Congreso
Ante la polémica, la oposición anunció que impulsará dos comisiones investigadoras en marzo:
- Fiscalización de los errores de cálculo en las proyecciones fiscales y desajustes presupuestarios.
- Revisión de los traspasos desde Corfo al Fisco.
Errores en las cuentas fiscales
Además de los traspasos desde Corfo, la oposición ha señalado otros errores en la gestión financiera del Gobierno:
- Retiros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES):
- En 2024, el Gobierno realizó tres retiros por un total de US$2.407 millones, afectando la liquidez del fondo.
- Error en estimaciones de recaudación por repatriación de capitales:
- Se proyectaban ingresos de $591 mil millones, pero solo se obtuvieron $39 mil millones.
- Proyección equivocada del impuesto al lujo:
- Se estimaban US$100 millones en ingresos fiscales, pero solo se recaudaron US$11 millones en 2023 y US$22 millones hasta octubre de 2024.
- Demora en traspasos a los Gobiernos Regionales:
- En diciembre, los gobernadores denunciaron problemas de caja porque Dipres no transfirió los recursos comprometidos.
- El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reportó que el Fisco ha recibido US$4.400 millones menos de lo previsto, lo que llevó al Gobierno a realizar recortes en el Presupuesto 2025.
Marcel en la mira
Hasta ahora, Marcel había logrado evitar un desgaste mayor, gracias a su trayectoria como director de la Dipres (2000-2006) y su rol en la implementación de la regla del superávit fiscal. Sin embargo, la oposición ha cambiado su estrategia y ahora pone el foco en él, y no solo en Javiera Martínez.
En 2023, Marcel defendió a Martínez, afirmando que era la «mejor directora de Presupuestos de la historia», pero ahora las críticas han escalado, y su figura está bajo creciente presión política.
Conclusión
El caso de los traspasos desde Corfo y los errores en las proyecciones fiscales han generado una tormenta política y económica para el Gobierno. La oposición ha iniciado una ofensiva que podría derivar en investigaciones, auditorías y medidas de fiscalización más estrictas sobre la administración de los recursos públicos.
El desenlace de este conflicto podría afectar la estabilidad del equipo económico y la confianza en la política fiscal del país.
