En las últimas horas, varios parlamentarios han expresado su inquietud sobre el incremento de casos de secuestro en Chile. Además del reciente secuestro del empresario Rudy Basualdo en Rancagua, se han reportado otros incidentes similares en diferentes áreas del país.
Casos recientes
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de un ciudadano chileno que fue retenido en Iquique, donde su familia pagó 10 millones de pesos para su liberación. Otro incidente involucra a un ciudadano boliviano capturado en la misma ciudad, pero que fue encontrado gracias a las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI). En todos estos casos, hubo detenciones de ciudadanos extranjeros.
Reacciones parlamentarias
Ante esta ola de secuestros, diversos parlamentarios se han pronunciado, exigiendo acciones inmediatas. El senador Iván Flores (DC) anunció que en la comisión de Seguridad del Senado se abordará este tema con el Ministerio del Interior.
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«Este lunes vamos a pedir en la comisión de Seguridad del Senado que tratemos este asunto con el Ministerio del Interior,» afirmó Flores.
Llamado a la prevención
Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) enviaron una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando «redoblar los esfuerzos persecutorios» y proponiendo enmiendas legislativas para abordar el problema del secuestro.
«Necesitamos que el Gobierno nos dé a conocer qué medidas se están adoptando para enfrentar los secuestros, qué medidas legislativas requiere al respecto,» declaró el diputado Henry Leal (UDI).
Reflexión sobre la situación
El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que la reciente serie de secuestros marca un antes y después en Chile. Se refirió a la necesidad de adoptar medidas legislativas y de control migratorio para abordar eficazmente este tipo de delitos.
«Necesitamos una respuesta concreta para enfrentar a los extranjeros que ingresaron de manera irregular y no han pasado por el biométrico,» afirmó el diputado Jaime Araya (IND-PPD).
Llamado a la acción inmediata
El diputado Jaime Araya enfatizó la necesidad de una respuesta firme y urgente para enfrentar el crimen organizado. Hizo un llamado a una sesión conjunta del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado y las comisiones de Seguridad de ambas cámaras para discutir medidas concretas.
«El Gobierno debe pasar a la ofensiva y evaluar la utilización de todos los recursos del Estado,» destacó Araya.
