El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sido cuestionado en los últimos días por la utilización de drones para fiscalizar propiedades y asegurar el pago de contribuciones. Si bien la práctica se implementa desde 2021, algunos expertos advierten sobre posibles vulneraciones a la privacidad.
Fiscalización con drones: ¿invasión a la privacidad?
La fiscalización aérea del SII ha generado inquietud en torno a la protección de la privacidad de los ciudadanos. Los drones utilizados en estos operativos cuentan con cámaras de alta resolución, capaces de registrar imágenes y videos detallados. Esto ha llevado a especialistas en derecho y tecnología a plantear la posibilidad de que se capturen situaciones de la vida privada de las personas, más allá de la finalidad tributaria.
Pese a las críticas, el SII ha defendido la legalidad de la medida, asegurando que todas las operaciones cumplen con la normativa vigente y cuentan con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
El SII responde a las críticas
Desde el SII indicaron que antes de incorporar los drones a sus procedimientos, revisaron la normativa aplicable y concluyeron que su uso era viable dentro del marco legal.
- Autorización de la DGAC: El organismo recalcó que todas las operaciones han sido debidamente aprobadas por la autoridad aeronáutica y que los operadores cumplen con los requisitos exigidos.
- Impacto en la recaudación: Según el SII, desde 2021 se han sobrevolado más de 70 mil hectáreas, permitiendo actualizar 2.300 catastros y generando un incremento en el giro anual de contribuciones cercano a $3.100 millones para las municipalidades.
- Uso de licitaciones públicas: El organismo explicó que no cuenta con drones propios, sino que contrata este servicio mediante licitaciones públicas en Mercado Público, proceso que ha realizado en tres ocasiones desde la implementación de esta tecnología.
El debate continúa
A pesar de las aclaraciones del SII, el uso de drones con fines fiscales sigue generando dudas en torno al equilibrio entre eficiencia tributaria y el derecho a la privacidad. Mientras algunos defienden la herramienta como un método moderno para optimizar la recaudación, otros advierten sobre la necesidad de establecer mayores garantías para evitar posibles abusos.
