La Ley Karin, creada para prevenir y sancionar el acoso y la violencia en el trabajo, ha recibido una ligera modificación en el marco de la discusión y aprobación del proyecto de ley de reajuste a las remuneraciones del sector público. Esta normativa, que aumenta en un 4,9% los salarios de los trabajadores del Estado, también incorpora ajustes relacionados con temáticas laborales.
¿Qué cambios incorpora la Ley Karin?
Según informó Diario Financiero, el cambio clave en la Ley Karin consiste en la incorporación de un nuevo artículo, que establece obligaciones para los organismos que administran la seguridad laboral, las mutualidades de empleadores y los empleadores en general.
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Obligaciones de las mutualidades y organismos de seguridad laboral
- Reporte semestral: Instituciones como el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y mutualidades de empleadores (como la ACHS y Mutual de Seguridad) deberán enviar a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) un informe semestral con:
- Registro obligatorio: Los empleadores estarán obligados a proporcionar a las mutualidades toda la información necesaria para cumplir con esta obligación de reporte.
Rol de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)
- Directrices normativas: La Suseso emitirá una norma de carácter general para estandarizar el registro y clasificación de la información, además de las acciones adoptadas por los empleadores en relación con las denuncias.
- Informes estadísticos consolidados: Cada año, en enero y julio, la Suseso deberá enviar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y al Consejo Superior Laboral un informe estadístico consolidado. Este informe incluirá todos los datos recopilados sobre las denuncias y las medidas tomadas.
¿Por qué es importante esta modificación?
La nueva disposición de la Ley Karin busca:
- Fortalecer la vigilancia y prevención del acoso y la violencia en los entornos laborales.
- Mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se gestionan estas denuncias.
- Garantizar un seguimiento efectivo de las acciones tomadas por los empleadores y las instituciones responsables de la seguridad laboral.
Este cambio se enmarca en una estrategia más amplia para modernizar la gestión laboral, particularmente en el sector público, y para fomentar espacios laborales más seguros y libres de violencia.
Próximos pasos
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) deberá establecer las directrices necesarias para implementar esta nueva obligación, asegurando que los datos sean recopilados y reportados de manera adecuada. Esto implica:
- Emitir una norma de carácter general para reglamentar el cumplimiento por parte de mutualidades y empleadores.
- Supervisar y evaluar el impacto de estas medidas en la prevención de acoso y violencia laboral.
