El gobierno de Venezuela respondió con dureza a la decisión de Chile de presentar antecedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación al secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, hecho ocurrido en territorio chileno y en el que el Ministerio Público vincula al régimen de Nicolás Maduro.
Reacción de Venezuela: «mentiras y falsedades»
A través de un comunicado oficial difundido este viernes, Venezuela rechazó «categóricamente la absurda farsa» que, según sostiene, el gobierno chileno pretende montar ante la CPI. Acusó que la denuncia presentada por Chile se basa en «mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad».
El escrito también establece que esta acción forma parte de una «línea política contra Venezuela heredada del difunto Sebastián Piñera, al estilo de las operaciones de falsa bandera de la era pinochetista».
Críticas al rol de Chile y a la CPI
El gobierno venezolano calificó de «jurídicamente insostenible» la intención de Chile de llevar el caso ante la CPI, y sostuvo que ello revela «una supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional y el Estatuto de Roma».
«La Haya no es un tribunal para fábulas fantasiosas ni para montajes mediáticos», señala el comunicado, acusando además que Chile carece de conocimiento sobre los mecanismos internacionales o, peor aún, los deforma para seguir intereses ajenos a la justicia.
Acusaciones de motivaciones políticas y críticas internas
El documento insiste en que la postura del Ejecutivo chileno «carece de fundamentos jurídicos» y está motivada por «un odio vicioso contra Venezuela». Además, denuncia que Chile busca «complacer agendas dictadas desde Estados Unidos» que pretenderían debilitar la soberanía venezolana.
Finalmente, el comunicado emplaza a Chile a dejar de lado «maniobras vergonzosas» y a centrarse en sus propios problemas, como «la sistemática violación de derechos humanos del pueblo mapuche y la represión a la protesta social».
«Venezuela es un país que puede dar lecciones sobre el respeto a los derechos humanos», concluye el texto, reafirmando que no aceptará ataques de quienes, según dice, «han hecho de la violencia institucional una práctica cotidiana».
