El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ha fijado la audiencia de revisión de las medidas cautelares del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para el próximo lunes 8 de julio. Jadue se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio, luego de ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el caso Farmacias Populares. Su situación es urgente, ya que si cumple 45 días en prisión preventiva, automáticamente dejará su cargo como alcalde. Actualmente, es el concejal Fares Jadue quien lo reemplaza.
Revisión de medidas
La defensa de Jadue ha presentado una solicitud urgente de revisión de cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se discuta antes del 18 de julio, fecha límite para evitar la pérdida de su cargo. El Tercer Tribunal de Garantía de Santiago ha dictado medidas cautelares sobre los bienes del alcalde, con el fin de asegurar el pago de costas, multas y reparación del daño causado. Esto impide que Jadue pueda enajenar sus bienes. Se incluyen propiedades y un vehículo en la lista.
Querellantes
Los querellantes de la empresa Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado han solicitado que se prohíba a Jadue celebrar contratos o convenios con cinco de sus propiedades: tres departamentos, dos casas y un vehículo. Estas propiedades son de su propiedad única y también compartida como parte de comunidad hereditaria. Esta medida busca evitar posibles acciones que perjudiquen la investigación por delitos de corrupción.
Defensa de Jadue
La defensa de Jadue ha anunciado que apelará a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Argumenta que la resolución citó de manera equivocada aspectos del debate que demuestran la falta de debida fundamentación. Además, la defensa afirma que en el estado actual de la investigación, no se han demostrado los supuestos que harían procedentes estas medidas, ni siquiera se ha definido el perjuicio y su monto. Jadue se encuentra privado de libertad debido a que el tribunal considera que representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dada su condición de jefe comunal y la gravedad de los delitos investigados.