Ejecutivo busca acuerdo en medio de la «prudencia fiscal»; gremios rechazan congelamiento salarial.
El Gobierno de Chile se alista para una negociación crucial con los gremios del sector público respecto al reajuste de sus remuneraciones, un proceso que podría generar tensiones en el marco de la tramitación del Presupuesto 2026. Mientras el Ejecutivo aboga por la «prudencia fiscal» y evalúa mantener sueldos nominales, los trabajadores han advertido que no cederán a un ahorro a costa de sus salarios.
La discusión se anticipa compleja, con el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, expresando confianza en un diálogo fructífero.
Tensión por propuesta de congelamiento
Una de las principales fuentes de fricción radica en la sugerencia de mantener las remuneraciones del sector público en valores nominales al 2025, una medida que busca alinear el gasto con el concepto de «prudencia fiscal» incorporado en el Presupuesto 2026. Esta posibilidad ha encendido las alarmas entre los gremios:
- En octubre, calificaron la idea de «inaceptable».
- Han enfatizado que no tolerarán que los trabajadores «paguen los costos» de la necesidad de ahorro fiscal.
El año pasado, el reajuste salarial para los funcionarios públicos fue del 4,9%.
Diálogo y expectativas
Si bien aún no se han formalizado las peticiones por parte de los gremios —la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entregará sus lineamientos en las próximas horas—, el Gobierno ya ha agendado reuniones de trabajo. El ministro Boccardo señaló que la próxima semana se iniciará formalmente la negociación de la mesa del sector público.
«Nosotros como Ejecutivo vamos a evaluar (el petitorio) y para la próxima semana están planificadas reuniones de trabajo, donde vamos a empezar la negociación de la mesa del sector público», indicó el secretario de Estado. Boccardo evitó especular sobre la dificultad de la discusión, reiterando que la tónica histórica ha sido el diálogo social y la construcción de acuerdos.
José Manuel Díaz, presidente de la CUT, ya ha expresado su postura en el último mes, refutando que los funcionarios «no deben pagar los ajustes del Estado» y calificando de inaceptable cerrar el período sin un alza real de sueldos. La negociación se perfila como un test clave para la capacidad de acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores estatales.
