La Fiscalía de San Pedro de la Paz logró este lunes dos condenas de 61 días de cárcel contra exfuncionarios de Carabineros involucrados en la brutal golpiza a Ignacio Matus, ocurrida hace cinco años durante el estallido social. Este caso, considerado una grave violación a los derechos humanos, comienza a cerrarse con los primeros fallos condenatorios.
Condenas y procedimientos pendientes
Los condenados, Jaime Mora y Matías Arévalo, enfrentaron un juicio simplificado en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, donde admitieron su responsabilidad en los hechos y ofrecieron disculpas a la víctima. La pena de 61 días fue considerada cumplida debido al tiempo que permanecieron en arresto domiciliario.
Según el abogado de Jaime Mora, Javier Ahumada, la sanción aplicada fue justa tras la rebaja del delito de torturas a apremios ilegítimos, lo que redujo la gravedad de los cargos.
Por otro lado, el caso de los otros dos imputados aún está en desarrollo:
- Eduardo Machuca podría optar por un procedimiento abreviado, cuya audiencia quedó fijada para el próximo 20 de marzo.
- Edmundo Muñoz, en tanto, eligió ir a un juicio oral, argumentando su inocencia, como señaló su abogado defensor, Fernando Grandón.
Reacciones de la parte querellante
La abogada de la víctima, Romina Toro, manifestó que, aunque las penas dictadas son bajas, considera positivo que los acusados hayan reconocido su responsabilidad. Asimismo, adelantó que en el juicio oral buscarán obtener una condena por torturas, señalando que los hechos cometidos merecen una sanción más severa.
El caso
El hecho ocurrió en medio de una protesta en San Pedro de la Paz, cuando Ignacio Matus fue detenido por funcionarios de la Sexta Comisaría de Carabineros. Según la investigación del Ministerio Público, el joven fue golpeado de forma brutal mientras se encontraba bajo custodia policial, configurando un caso de violación de derechos humanos.
Próximos pasos
La audiencia del procedimiento abreviado y la preparación del juicio oral quedaron programadas para el 20 de marzo de 2025, fecha clave para determinar el destino de los dos exuniformados que aún enfrentan el proceso judicial. Este caso continúa siendo un ejemplo emblemático de las consecuencias legales derivadas de abusos cometidos durante el estallido social en Chile.
