Reforma constitucional y reacción del presidente
Nayib Bukele negó que la reelección presidencial indefinida implique el «fin de la democracia» en El Salvador. Tras la aprobación exprés de una reforma constitucional por parte del Congreso dominado por el oficialismo, que habilita la reelección sin límite, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, el mandatario reaccionó a las críticas recibidas desde la comunidad internacional.
Argumentos en redes sociales
En su primera respuesta pública tras las observaciones de organismos de derechos humanos, Bukele escribió en la red social X: «El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta». Añadió con ironía: «Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia».
El presidente, de 44 años, que asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de votos, sostuvo que el doble rasero es evidente: «Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto».
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Continuó argumentando que si El Salvador adoptara las mismas normas que reinos parlamentarios como el Reino Unido, España o Dinamarca, «las críticas seguirían». Según él, «el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano». Afirmó que a naciones como El Salvador «se les exige hacer lo que les dicen, no lo que otros hacen».
Preocupación de organismos internacionales
La decisión ha sido señalada por entidades como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) como un «golpe mortal» a la democracia salvadoreña. Acusan al gobierno de realizar una «manipulación» constitucional con el fin de extender el poder presidencial.
Contexto de popularidad y medidas de seguridad
Bukele conserva un alto nivel de aprobación ciudadana, principalmente por su campaña contra las pandillas iniciada en 2022, la cual redujo la violencia en el país a niveles mínimos históricos. No obstante, estas políticas de seguridad han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos debido al régimen de excepción que ha permitido arrestos masivos sin orden judicial y restricciones a las libertades civiles.
