La comunidad mapuche Coliñir, ubicada en el sector Isla Teja de Valdivia, región de Los Ríos, ha exigido a la Seremi de Bienes Nacionales validar un informe de la Conadi que reconoce como tierra indígena un predio de 4,75 hectáreas, actualmente en manos del fisco y de un particular.
Reconocimiento de tierras por la Conadi
Según la Resolución Exenta N°513 del 26 de marzo de 2024, emitida por el Fiscal Nacional de la Conadi, la comunidad logró acreditar la pérdida ancestral de un espacio ceremonial y sagrado que incluye un guillatún, un palihue y un menoco. El terreno en cuestión está distribuido de la siguiente manera:
- 3,96 hectáreas bajo propiedad fiscal.
- 0,79 hectáreas pertenecientes a un particular.
La Conadi resolvió que el dominio de este predio es fundamental para la identidad cultural y religiosa de la comunidad Coliñir, así como para mejorar su calidad de vida.
Rechazo a propuestas parciales
El werkén Luis Coliñir y el vicepresidente Raúl Coliñir criticaron que la Seremi de Bienes Nacionales no haya validado aún el informe de Conadi, considerando que el proceso se ha extendido por casi un año.
El seremi de Bienes Nacionales, Jorge Pacheco, explicó que el traspaso de terrenos fiscales requiere entre un año y un año y medio de tramitación legal y técnica, pero destacó que en 2024 se presentaron propuestas a la comunidad, las cuales fueron rechazadas.
La propuesta inicial incluía la transferencia de 2,85 a 2,99 hectáreas, lo que fue descartado por la comunidad Coliñir al considerarlo insuficiente. Señalaron que estas tierras son parte de un historial de despojos que comenzó con la colonización alemana y continuó con proyectos habitacionales y obras inmobiliarias en su territorio ancestral.
Críticas a la desigualdad en el tratamiento
El werkén de la comunidad cuestionó la disparidad en el tratamiento que reciben casos similares en otras regiones del sur del país. Según Coliñir, situaciones comparables han tenido soluciones más rápidas y favorables, mientras que en Los Ríos los avances han sido mínimos.
La comunidad insiste en la necesidad de que las autoridades respeten los informes de Conadi y otorguen las 4,75 hectáreas completas, permitiendo recuperar un espacio vital para su identidad, cultura y prácticas religiosas.