La Fentramuch denuncia que se están vulnerando derechos laborales básicos al instalar «opiniones tendenciosas» sin investigación formal.
La polémica por el uso de licencias médicas con fines de viaje fuera del país ha encendido un conflicto entre trabajadores municipales y autoridades edilicias. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) acusa a los alcaldes de quebrantar el debido proceso y aplicar sanciones arbitrarias.
Alcaldes bajo la lupa: acusan falta de objetividad e imparcialidad
La Fentramuch, a través de su presidente Fabián Caballero, criticó con dureza el accionar de los jefes comunales. Según la organización, se ha roto el principio de imparcialidad en los sumarios administrativos, al permitir que los alcaldes emitan juicios públicos de culpabilidad antes de investigar formalmente los hechos.
Caballero advirtió que el problema no solo radica en el uso fraudulento de licencias, sino en cómo los alcaldes estarían interviniendo en los procesos disciplinarios, entregando instrucciones que podrían vulnerar derechos laborales fundamentales.
«Las sanciones dependen de lo que los alcaldes quieran hacer con los trabajadores», afirmó el dirigente, cuestionando el uso discrecional del concepto de probidad administrativa.
Rol de las autoridades sanitarias: quién debe fiscalizar y sancionar
Desde el gremio enfatizaron que no son los municipios quienes deben juzgar la validez de una licencia médica. Corresponde a las entidades reguladoras del sistema de salud investigar y negar el subsidio si se detectan irregularidades. Esto, según la Fentramuch, no debería afectar directamente la relación laboral, salvo que se sigan los cauces formales establecidos en la legislación.
«Los alcaldes no pueden sancionar directamente a los trabajadores que incumplan su reposo», señalaron, insistiendo en que el rol de las autoridades comunales se limita a supervisar y denunciar ante los organismos competentes.
Temor por posible “procedimiento exprés” de despidos
Uno de los puntos más preocupantes para la Fentramuch es la posibilidad de que este conflicto derive en una «instalación permanente de procedimientos exprés» para despedir trabajadores, sin importar el contexto o la gravedad de la falta.
«Esto vulnera el derecho a defensa y debilita el Estado de Derecho en la administración pública», recalcó Caballero.
Por ello, el gremio exigió que toda investigación se base en instrumentos administrativos claros, auditorías rigurosas y garantías efectivas de defensa, para evitar arbitrariedades.
